Es hora de acabar la guerra contra las drogas. Por Gary S. Becker

Gary S. Becker es Premio Nobel de Economía (1992), profesor de economía de la Universidad de Chicago, académico de Hoover Institution y miembro del consejo asesor del Proyecto de Privatización del Seguro Social del Cato Institute.
La administración Bush parece decidida a continuar la guerra contra las drogas que ha peleado los Estados Unidos desde época de Nixon. Creo que se trata de un grave error, pues ha fracasado completamente, y legalizar la marihuana, e incluso algunas drogas fuertes, sería una mejor alternativa.
Los defensores de la guerra contra las drogas a menudo lanzan un argumento económico, diciendo que ha sido exitosa porque disminuye el uso al aumentar los precios. Eso pasa porque los suplidores tienen que ser compensados por los riesgos que asumen. Puede ser cierto que los altos precios ha reducido en algo la demanda, pero el hecho sigue siendo que casi todas las drogas ilegales siguen siendo populares y siguen estando disponibles, independientemente de sus precios. Es más, cualquier reducción del número de adictos ha tenido costos inmensos. Sólo los Estados Unidos gasta casi 40 mil millones de dólares al año en la guerra contra las drogas y otros países también gastan grandes sumas.
La guerra se lleva a cabo decomisando y destruyendo drogas y encarcelando a los proveedores. Un gran número de estadounidenses fue condenado por drogas en los años 80 y 90; estos representan hoy más del 30% de la población carcelaria. Es un hecho deprimente que en las cárceles americanas hay una mayor proporción de la población por delitos relacionados a las drogas que en Europa por todos los delitos.
Los altos precios, como consecuencia de la guerra, han producido inmensas ganancias a los carteles y a todos los demás que logran evadir a las autoridades. Las estimaciones del valor del mercado mundial están en los cientos de miles de millones de dólares, cantidades similares a las de los mercados de cigarrillos y licores.
Para proteger sus ganancias, los delincuentes combaten con la policía y corrompen a funcionarios alrededor del mundo. Algunos carteles se han hecho más poderosos que los gobiernos que se oponen a ellos. La economía de Colombia, el mayor exportador de cocaína e importante productor de heroína, ha sido destrozada por el conflicto entre los carteles de la droga y los esfuerzos del gobierno, financiados por Estados Unidos, para erradicar la producción de drogas. Tales esfuerzos han tenido poco éxito.
Las bandas de narcotraficantes estadounidenses intimidan, asaltan y, a veces, matan a quienes se les atraviesan en sus grandes y fructíferas operaciones. Esto ha deteriorado dramáticamente los barrios de las grandes ciudades porque los negros e hispanos suelen ser los soldados en la red de abastecimiento. Puede que ganen poco con relación a los riesgos que asumen, pero ganan mucho más de lo que ganarían en trabajos legales.
Legalizar el consumo está lejos de ser una panacea debido al daño causado por las drogas, pero eliminaría el grueso de las ganancias y la corrupción del narcotráfico. Cuando se revocó la Ley Seca, en poco tiempo se limpió la industria licorera. No hay duda que la legalización aumentará el consumo al reducir los precios, pero eso puede ser parcialmente compensado imponiendo un impuesto a los productores. En muchas naciones, el precio al consumidor de los cigarrillos, licor y gasolina es alto debido a los altísimos impuestos "al pecado". Los ingresos del impuesto a las drogas se podrían utilizar, entonces, para tratar a los adictos y educar a los jóvenes sobre las consecuencias.
Aunque alguna parte de la producción iría a mercados negros para evitar el impuesto, la experiencia de los cigarrillos, el licor y la gasolina nos indica que la mayoría de los productores operarían dentro de la legalidad. Querrán usar los tribunales para solucionar sus disputas contractuales y utilizarán el mercado de capitales para conseguir financiamiento, evitando así las penalidades. Además, muchos consumidores preferirán a los suplidores legales porque ellos ofrecerán mejor control de calidad y seguridad, estimaciones que son considerablemente más importantes en el caso de las drogas que de los cigarrillos o la gasolina.
Aunque la legalización reduzca el costo de las drogas, la venta a los menores podría ser controlada a través de duros castigos y limitando el número de locales donde se venden. Hasta ahora no se ha logrado evitar que los jóvenes experimenten con drogas, en parte porque a los narcotraficantes se les castiga de igual forma por venderle a menores y a adultos. Y quien maneje bajo la influencia de drogas debe estar sujeto a severas penalidades por ser una amenaza para los demás.
Como la legalización es una aventura hacia lo desconocido, se debe proceder paso a paso. Pero tarde o temprano habrá que hacerlo debido al creciente costo humano y demás costos de la guerra contra las drogas. Hasta ahora nadie ha sugerido una mejor alternativa que la legalización combinada con el impuesto, concentración en evitar el consumo de menores y duro castigo al que trabaje o maneje bajo la influencia de droga.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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